MADRID.- Los 30 metros de rampa que dan entrada al juzgado de Palma de Mallorca, donde el 8 de febrero será interrogada como imputada la infanta Cristina de Borbón, centraron la atención en el escándalo de corrupción que salpica a la hija del rey Juan Carlos de España. Un día después de que el juez adelantara la citación en un mes, la defensa de la infanta, así como el gobierno de Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP), pidieron que se evite a la hija del monarca un paseo ante la multitud de medios de comunicación y de ciudadanos que se agolparán en el lugar.
Partidos de la oposición, así como la acusación popular, exigieron por su parte que no haya “trato de favor” para ella y que haga a pie el recorrido que han tenido que hacer hasta ahora todos los imputados, entre ellos su marido, Iñaki Urdangarin, protagonista del caso.
La infanta, de 48 años y séptima en la línea de sucesión, se convirtió en el primer familiar directo del monarca español en ser citado a declarar ante la Justicia como imputada.
El juez José Castro, que investiga a su marido desde hace más de dos años por presunta apropiación indebida de 6 millones de euros de dinero público, cree que la infanta puede haber cometido delitos fiscales y de blanqueo de dinero en ese caso. Uno de los abogados de la infanta dijo que le gustaría que esta pudiera ahorrarse el “paseíllo” entrando en un automóvil hasta la misma puerta del juzgado. Sobre ello tiene que decidir el juez decano de Palma de Mallorca, no el juez Castro. También el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quieren proteger a la infanta. “No se deben producir penas paralelas”, dijo el titular de Justicia. “Si existe un garaje en la Audiencia me parece estupendamente que la Infanta entre por él”, manifestó Aguirre. “Todos los españoles somos iguales ante la ley y hay que actuar en consecuencia”, manifestó la portavoz del Partido Socialista (PSOE), Soraya Rodríguez.(DPA)